Soy de la opinión que el futuro de Entre Ríos depende en buena medida del tipo de
acuerdo de convivencia entre el campo, pueblos y ciudades. Tales acuerdos son de naturaleza
política y, en consecuencia, su contenido es lo que deberíamos debatir. Por ejemplo: en estos
meses hemos estado debatiendo sobre la problemática social y ambiental derivada del uso de
productos fitosanitarios (“agroquímicos” o “agrotóxicos” incluyen también a los fertilizantes); un
problema complejo ya que las pulverizaciones y sus derivas involucran la producción
agropecuaria, la salud y el ambiente; tres aspectos centrales en la vida de muchos entrerrianos.
Este estado de situación implica un desafío político enorme para la dirigencia entrerriana.
Así las cosas, con el apoyo de nuestro gobernador Rogelio Frigerio, desde la Comisión de
Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados que presido, decidimos modernizar la
regulación fitosanitaria vigente, un tema, que como veremos, excede con creces las buenas
prácticas agropecuarias en sí.
En Entre Ríos los fitosanitarios están regulados por la Ley 6.599 de Plaguicidas
sancionada en 1980 durante la última dictadura cívico-militar y ratificada en democracia en 1984.
Es una ley de 21 artículos que regula los actos derivados del expendio, aplicación, transporte y
almacenamiento de plaguicidas. En ella también se destacan: la obligación de contar con el
asesoramiento técnico de un profesional en el expendio y/o aplicación, la creación de los registros
de expendedores y aplicadores y sanciones para quien causare daños a terceros.
Desde entonces fueron numerosos tanto los decretos y resoluciones ministeriales en
materia fitosanitaria, como los amparos ambientales y fallos judiciales. El 6 de marzo de este año,
el Superior Tribunal de Justicia resolvió por unanimidad, entre otras cuestiones, declarar ineficaz e
insuficiente la normativa vigente en materia de fitosanitarios para la protección del derecho a la
salud y al goce de un medio ambiente sano y sustentable, ordenando al Poder Legislativo de la
Provincia de Entre Ríos el dictado de la ley que corresponda en un plazo razonable.
El 30 de noviembre del 2022 el gobierno de Gustavo Bordet presentó en la Cámara de
Diputados el proyecto de Ley 26.117 de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y
Domisanitarios. Una propuesta que tuvo el mérito de haber sido consensuada con la Mesa de
Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos, un espacio donde confluyen actores vinculados al
mundo productivo, económico, profesional y académico. Sin embargo, pasó más de un año, y aun
teniendo mayorías en ambas cámaras, nunca existió la decisión política de aprobarlo.
Ya con un nuevo gobierno, el 26 de marzo del 2024 desde la Comisión de Recursos
Naturales y Ambiente, como decía, comenzamos un proceso de discusión abierto y participativo
sobre los “escabrosos fitosanitarios”. Convencido que el proyecto de Ley 26.117/22 no contenía
una perspectiva de salud y ambiental adecuada, convocamos a especialistas en toxicología,
medicina, veterinaria e ingeniería y a decenas de agrupaciones ambientales, entre otras.
Escuchamos a personas afectadas, sindicatos, científicos del INTA, funcionarios provinciales y
actores del mundo productivo entrerriano. Asimismo, recorrí la provincia para comprender los
posibles impactos en las economías regionales, productores y obreros rurales. Con ambientalistas
nos encontramos en lugares contaminados, en Colonia Elía conocí el funcionamiento del
protocolo de control de aplicación de fitosanitarios y en el aeroclub de Paraná presencié pruebas
de simulación de derivas de aplicaciones aéreas y terrestres. También analizamos variados
papers científicos y opiniones escritas. ¡Fueron un montón!
Una gran parte de los aportes y muchas de las demandas sociales en materia ambiental,
productiva y de salud fueron plasmadas en los 109 artículos del dictamen de comisión aprobado
el día 2 de octubre. Como prontamente será debatido en la Cámara de Diputados, paso a
destacar las principales novedades respecto de la ley 6.599 de Plaguicidas vigente desde hace 44
años.
1) Alcance regulatorio ampliado. Nuevos deberes para nuevos y viejos actores: importadores,
elaboradores, formuladores y fraccionadores, expendedores, asesores, ensayistas,
aplicadores, operarios, almacenadores y transportistas y empresas de verificación técnica.
Compárese con los 4 actores de la Ley 6.599 vigente.
2) Ordenamiento ambiental del territorio. Establece 3 zonas bien diferenciadas: Zona de
Exclusión (existe restricción absoluta para aplicaciones de productos fitosanitarios), Zona de
Amortiguamiento (pueden aplicarse algunos productos fitosanitarios de forma condicionada:
presencia obligatoria del asesor fitosanitario, receta agrónomica digital presentada, aviso con
48 horas de anticipación y condiciones meteorológicas adecuadas) y Zona de Libre
Aplicación. Esta zonificación combinada con las modalidades de aplicación (manual, drone,
terrestre y aérea) dan como resultado 24 distancias diferenciadas.
3) Intensificación ecológica. En las zonas de exclusión, donde se prohíbe el uso de
fitosanitarios, el gobierno deberá otorgar incentivos económicos, beneficios fiscales y/o pago
por servicios ambientales a las y los productores que impulsen modelos productivos de
intensificación ecológica que contribuyan a un desarrollo rural sostenible.
4) Sistema de monitoreo ambiental. El gobierno provincial, los municipios y comunas
promoverán redes de monitoreo ambiental sobre las actividades de aplicación de fitosanitarios
y sobre los potenciales efectos en la calidad del suelo, el aire, el agua y la biota. También el
sector privado podrá instrumentar sistemas de control y monitoreo de manera complementaria
al de las autoridades públicas.
5) Inspección, fiscalización y sanción. Para mejorar las deficientes capacidades estatales de
control se incorpora el poder de policía concurrente entre la Provincia, municipios y comunas
según lo establece el artículo 83 de la Constitución provincial. Asimismo se crea un Cuerpo de
Inspectores exclusivo y en un plazo de 2 años, todos los equipos de aplicación de
fitosanitarios deberán contar con dispositivos de contralor tecnológico instalados.
6) Régimen sancionatorio ampliado.
7) Sumar tecnología. Además del contralor tecnológico mencionado, se incorporan bajo
regulación tecnologías relevantes tales como los productos fitosanitarios de orígen biológico
(biofitosanitarios) y los drones para pulverizaciones.
8) Buenas prácticas en materia de fitosanitarios. Toda actividad en territorio entrerriano que
utilice productos fitosanitarios deberá regirse por un protocolo de buenas prácticas en materia
de fitosanitarios aprobado por el Consejo Asesor Fitosanitario.
9) Salud y escuelas rurales. Enumero: elaboración de un mapa público de georreferenciación
para las 781 escuelas rurales entrerrianas, las cuales deberán contar con barreras vegetales
en sus perímetros. Implementación obligatoria de protocolos de limpieza en las escuelas
después de aplicaciones y de protocolos de actuación ante casos de aplicaciones de
productos fitosanitarios en cercanías de escuelas. Por último, vigilancia epidemiológica a las
personas afectadas por la exposición aguda o crónica a productos fitosanitarios.
10) Educación ambiental. Campañas de concientización y sensibilización periódicas y
programas de educación ambiental en materia de fitosanitarios y sus riesgos, en los términos
dispuestos en el artículo 84 de la Constitución entrerriana y la Ley Nº 10.402 de Educación
Ambiental.
11) Consejo Asesor Fitosanitario. El Consejo se integra con 17 actores estatales y no estatales,
destacándose representantes académicos, el INTA, organizaciones de productores y
ambientales, sindicatos de trabajadores rurales y docentes, etc.
12) Fondo Fitosanitario Entrerriano. Básicamente se conforma con el 1% de la recaudación del
impuesto inmobiliario rural y las partidas presupuestarias asignadas. Tiene afectación
específica, esto es, solo podrá ser utilizado para el cumplimiento de la ley.
Todos sabemos que la producción agropecuaria es estratégica para el desarrollo
entrerriano. Comparto unos datos para ilustrar la magnitud del impacto sobre la producción de las
reformas propuestas. Para la campaña 2024/25, en Entre Ríos se proyecta sembrar 2,2 millones
de hectáreas con cultivos de trigo, maíz, sorgo, soja y arroz. Además, unas 700.000 hectáreas
destinadas a los cultivos agrícolas restantes, semillas forrajeras, carne bovina, citrus, pecán,
forestal y de pastura. Asimismo, aunque es escaso el uso de productos fitosanitarios, unas 2
millones de hectáreas dedicadas a la ganadería en campo natural. Sumando da un total de casi 5
millones de hectáreas en donde se emplean fitosanitarios con diferente intensidad y frecuencia.
Estas casi 5 millones de hectáreas representan el 63% de la superficie total de la Provincia de
Entre Ríos (7,8 millones de hectárea).
Bajo el paradigma productivo actual los productos fitosanitarios sirven para combatir las
plagas que impactan en la productividad y calidad de los cultivos. La FAO estima que las plagas y
las enfermedades vegetales causan pérdidas de entre el 20% y el 40% de la producción mundial
de alimentos. Por lo tanto, el uso de fitosanitarios no solamente afecta la productividad de las
unidades productivas y, la economía de una determinada región, con sus consecuencias en el
tejido social rural y en la recaudación estatal, sino que las pérdidas de cultivos y rendimientos
debido a las plagas son una amenaza para la seguridad alimentaria mundial.
Por otro lado, si bien es cierto que el uso de fitosanitarios crece de manera continua, la
toxicidad de los mismos disminuye. Sin embargo, es excesiva la concentración de fitosanitarios
encontrados en los seres vivos, en la lluvia, el aire y los suelos, en las cuencas y los ríos. Los
fitosanitarios, tanto los sintéticos como los de origen natural, son sustancias intrínsecamente
tóxicas. No obstante, el riesgo de que tales sustancias perjudiquen la salud de las personas y los
ecosistemas, depende no sólo de la toxicidad intrínseca de la misma, sino del grado de exposición
que se tenga a la sustancia (riesgo = toxicidad x exposición).
En este relato quise mostar la complejidad que deriva del hecho de usar fitosanitarios en la
producción entrerriana actual, las diferentes caras de un problema político y socio-ambiental cuyos
elementos no son separables y, por lo tanto, no deben ser estudiados aisladamente. En
consecuencia, es necesario salir del inconducente debate que proponen las posturas políticas
unilaterales; porque, sencillamente, más allá del ruido y los slogans, no aportan soluciones
realistas e integrales. De un lado, están las posiciones exclusivamente ambientales, que ignoran
los relevantes aspectos productivos que permiten el autosostenimiento económico de las
unidades productivas, olvidando además las consecuencias en la maltratada ruralidad. En el otro
extremo, las perspectivas netamente productivistas que niegan o minimizan los evidentes
impactos en la salud y el ambiente.
Finalmente, esta crítica no implica pararse en el medio de los extremos. El contenido del
dictamen aprobado y su proceso de construcción muestran que existe un amplísimo consenso
social en priorizar la salud humana, cuidar el ambiente y la biodiversidad y producir de manera
sostenible con las y los productores viviendo en los campos. Es un principio de un nuevo acuerdo
de convivencia entre el campo, pueblos y ciudades. Resta ponerlo en práctica.
JUAN ROSSI
Pte. Comisión de Recursos Naturales
y Ambiente de la Cámara de Diputados
El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con los intendentes de Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, con quienes acordó la continuidad de la gratuidad del boleto estudiantil, beneficio otorgado por la provincia para el área metropolitana, hasta que se incluya el subsidio en el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Desde marzo hasta la fecha, el Ministerio de Desarrollo Económico viene intensificando los controles en supermercados de 10 ciudades entrerrianas.
Desde el Ministerio de Desarrollo Económico se concretó el conversatorio sobre Estrategias de interacción pública y privada para el desarrollo de tecnologías apropiables por las cadenas de valor locales.