FIDEICOMISOS FINANCIEROS
Los Fideicomisos Financieros (FF), como herramientas económico-financieras tienen su origen en el derecho anglosajón, específicamente en el sistema jurídico inglés. Su aparición se remonta al S.XIII donde se los empleaban para proteger los bienes de aquellos hombres que partían a las Cruzadas. Los Caballeros entregaban sus propiedades a un tercero, el fideicomisario, para que se los administrara en beneficios de sus familiares directos, eludiendo así la aplicación de las leyes de propiedades y sucesión, lo que evitaba, en ausencia, la pérdida de control de sus posesiones.
En el S.XVI, el concepto de fideicomiso se formalizó, en el derecho inglés, a través del “Statute of Uses” de 1536, durante el reinado de Enrique VIII. Esta Ley estableció los principios básicos de los fideicomisos, incluyendo la separación legal entre la propiedad legítima original y la propiedad beneficiaria.
Ya en el S.XIX el concepto de fideicomiso se extendió a los EE.UU., donde se utilizó para crear los “Trusts”, con el fin de administrar por lucro, propiedades y activos pasibles de generar beneficios económicos a sus poseedores. Fue la “Trust Act”, en la Nueva York de 1882, la que sentó las bases para la regulación de los fideicomisos en el país del norte de América.
Hacia fines del siglo XX estas herramientas económicas fueron recreadas por los gobiernos nacionales en la década de los ’90, basados en el inédito concepto para la época, denominado “New Public Management” (Nueva Gerencia Pública) que se dio principalmente en Nueva Zelanda y Australia. Comprendían elementos y funciones disruptivas acerca del modo de administrar los dineros públicos, dejando el manejo de los ingresos del Estado en entes o conglomerados empresariales de gestión que los administraron, gerenciando su destino y productividad, con la salvedad excluyente que la rendición de cuentas era periódica, estricta y con información, detallada y pública, pues el premio consistía en la continuidad de la gestión administrativa de los dineros públicos de forma eficiente, por la que cobraban honorarios por los servicios prestados además de un plus por resultados y/o rendimiento, según se hayan obtenido en obras (bienes y servicios públicos) o en dinero.
Entre nosotros los FF, en su mayoría, se constituyeron para financiar obras públicas específicas, subsidiar energía y el transporte, tanto de productos como de personas en sus orígenes, aunque con el paso del tiempo, incluyeron de todo como en botica. Desde fondos más conocidos como el “Procrear”(2012) o el “Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Energías Renovables”(2015), hasta los llamados como “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana”(2021) y el “Fondo Nacional del Manejo del Fuego”(2013), pasando por el “Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria”(2016) y los destinados al “Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata”(2019), sin ausentarse aquél cuya finalidad es la “Recuperación de la Actividad Ovina”(2001).
La característica común era, y sigue siendo, el escaso control de los fondos asignados y la nula información de sus destinos pues “no todos los fondos fiduciarios reportan el detalle de las transferencias que realizan a sus “beneficiarios”, sean estos públicos o privados” (Informe Oficina de Presupuesto del Congreso – Enero 2024)
Para Mayo de 2024, los Fondos Fiduciarios (FF) contaban con un presupuesto de $1,5 Billones a distribuir entre ellos (Presupuesto 2023 reconducido). La composición del recurso disponible muestra que el 58% lo aporta el Tesoro Nacional, el 18% los Impuestos, el 17% la Renta Propiedad y el 7% restante le corresponde a “Otros”. Vale la pena recordar que en 2016 había sólo 15 FF, para 2019 sumaban 24 FF hasta llegar en 2023 al número actual de 29. Todos funcionando bajo la órbita del BNA, el BICE y el BHN. Lo llamativo es que desde 2012 a la fecha, en ningún período se rindió debidamente el 100% de los dineros otorgados a cada FF, aunque en los últimos cuatro años, en términos de PBI, se duplicó el monto global asignado. El 95,5% de los recursos entregados se concentran en menos de la mitad de los FF (10 de 29), siendo el Fondo de Infraestructura del Transporte el que concentra la mayor cuota dineraria (40% del total). Se desconoce (se oculta convenientemente) quienes integran los consejos de administración, cuáles son las nóminas de personal destinadas a cada uno y su modo de selección; qué empresa/s contrató cada fondo, cómo se las evaluó y bajo qué criterios se asignaron los fondos disponibles. Nada fuera de lo acostumbrado en cuanto a las “buenas prácticas” de quienes administran parte de lo que nos pertenece a todos.
Recientemente, el gobierno nacional dispuso la disolución de tres de los FF vigentes (Dcto. 888/2024). El “Fondo Nacional de Emergencias” (“Nunca llegó a ponerse operativo ni contó con presupuesto asignado”), el “Fondo Fiduciario Progresar” (“Nunca se encontró operativo por no haberse integrado los bienes necesarios para su funcionamiento”) y el “Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” (“Mostró debilidades en los registros del manejo de fondos asignados, déficit de capacidad institucional y logística e inexistencia de indicadores claros sobre la gestión realizada”), todos suprimidos debido a presuntas ineficiencias en su implementación.
La opacidad en la creación de cada uno de los FF vernáculos, la distribución de los recursos asignados, la designación de los administradores y la falta de rendición en tiempo y forma del uso de los fondos, convierten a una herramienta útil y hasta necesaria, en un elemento sospechado de corrupción, ya que todo manejo de dineros públicos debe ser ejecutado con la mayor transparencia posible pues son extraídos del esfuerzo individual de cada uno de nosotros, los contribuyentes y, deberían retornar en más y mejores bienes y servicios públicos.
Como sociedad hemos sido testigos de otra forma de abuso del bien común. Probablemente existan algunas más y, a no dudarlo, en un futuro no tan lejano se establecerán nuevas modalidades para malversar el esfuerzo de todos pues “los males del papel moneda no tienen fin. Incierto y fluctuante, está continuamente despertando o creando nuevos sistemas de engaño” (Thomas Paine)
Todo dependerá, también, de los administradores que sepamos conseguir.
“Un pueblo que elige corruptos, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice” – G. ORWELL (1903 - 1950)
Estuvo a cargo de la cineasta Eliana Digiovani, y contó con 60 estudiantes inscriptos de la Escuela N°78 Juan Carlos Esparza, la N°156 Miguel de Cervantes Saavedra y la N°36 Justo José de Urquiza, todas de Paraná.
La cooperativa cultural Abarajala, de Viale, recibió un aporte otorgado por el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades del Ministerio de Gobierno y Trabajo. "Estamos fortaleciendo el trabajo cooperativo y cultural en nuestras comunidades", indicó el ministro Manuel Troncoso.
Además de la grilla de obras teatrales, ofrecerá intervenciones artísticas poéticas y participativas que salen de los espacios formales y toman la calle. Este año se renuevan las sorpresas de la mano de Juan Parodi. La iniciativa comienza el viernes 29 en Concepción del Uruguay, con entrada gratuita.