1956 fue el año de creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la Argentina. Desde entonces, la institución sirve al campo, en especial al pequeño y mediano productor que lo considera una de sus principales vías de acceso a la actualización técnica.
Cuidar al INTA es un deber. Y para defenderlo hay que conocerlo, saber qué pasa dentro del organismo; y disponer de información fiable acerca de los planes que diseñan en el gobierno nacional de cara a su futuro inmediato.
En ese marco, se impone refrescar información sobre las bases del INTA y para eso solo hay que recurrir a la norma de fundación, -Ley número 21.680-, que lo deja en claro desde el artículo primero: "Crease el INTA, para impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar con los beneficios de éstas funciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural. Será un órgano autárquico del Estado, que podrá desarrollar su acción en todo el territorio de la nación, adecuando su funcionamiento a las directivas del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en todo en lo que concierne a la tecnología. Sus relaciones con el PEN serán mantenidas por intermedio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y pesca y del Ministerio de Economía".
En rigor, su finalidad es desarrollar acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable de la empresa agraria y de la vida rural.
La visión del INTA es contribuir a la soberanía científico tecnológica, seguridad y soberanía alimentaria. El organismo está comprometido con la competitividad sistémica en un marco de sostenibilidad ambiental, inclusión social y equidad; lo mismo que con el desarrollo y bienestar laboral de todo su personal. Suma que sus aportes deben ser confiables, eficientes, eficaces, transparentes; con valores y, -muy importante-, con capacidad de anticipación y reacción frente a las problemáticas emergentes.
La misión, o razón de ser pasan por impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agropecuario, agroalimentario y bioindustrial; que sea competitivo, inclusivo, equitativo y cuidadoso del medio ambiente; que se sostenga en investigaciones, acciones de extensión, desarrollo de tecnologías y aporte a la formulación de políticas públicas, articulación y cooperación nacional e internacional.
En 1986, y a través del decreto número 287, se concreta una adecuación y actualización de la estructura y funcionamiento del INTA. Es en ese momento de la historia de la institución que se define como necesaria una descentralización operativa de las unidades del INTA y la participación en su conducción de los distintos sectores involucrados en la generación y adopción de tecnologías en el ámbito de la unidad; para contribuir a agilizar las acciones y facilitar el uso más eficiente y coordinación de los recursos disponibles.
Queda determinado que los Centro Regionales y de Investigación, serán instituidos por el Consejo Directivo con el ámbito territorial, la sede, la estructura orgánica y funcional y el grado de descentralización ejecutiva, administrativa y técnica que en cada caso se establezca. También señala que en cada Centro Regional se constituirá un Consejo y determinará cómo será su integración.
En el territorio, la estructura de INTA se despliega desde una sede central, con 15 Centros Regionales; 51 Estaciones Experimentales; 292 Agencias de Extensión Rural; seis centros de investigación; 817 institutos de Investigación y organizaciones privadas reconocidas como la Fundación ArgenINTA e Intease SA.
Lo expresado hasta aquí basta y sobra para comprender que la defensa del INTA es innegociable. Se trata de una herramienta indispensable para el pequeño y mediano productor agropecuario. Hacerlo más eficiente es un deber y una obligación; tanto como cuidarlo.
Las banderas de la Federación Agraria Argentina son de una clara defensa de INTA en su rol de Investigador y de extensión agropecuaria, generando tecnologías adaptadas a cada economía regional. Lo mismo que la defensa y reserva intelectual de la validación de las nuevas tecnologías para todos los perfiles de productores, pero más aún para el pequeño y mediano.
La territorialidad de las Agencias de Extensión de INTA (AER) son fundamentales en el sostenimiento de la ruralidad mediante capacitaciones y asesoramiento con los medios que se disponen en cada rincón de la diversidad de climas, usos y costumbres de nuestra población rural. El Centro de Capacitación Integral (Cecain) es un ámbito natural de formación de jóvenes hijos de productores agropecuarios.
Se impone trabajar en una estrategia Institucional; un plan estratégico que enfrente los cambios de contexto y se sostenga en las fortalezas de INTA.
Desde el año 2023 en todas las reuniones del Consejo Regional se presentaron informes, mencionando ajuste y; restricciones presupuestarias. Como ejemplo se menciona el achicamiento de personal con ofrecimiento de retiros voluntarios a empleados con una población objetivo de 600 personas menos; la ausencia de reemplazos de los técnicos que se jubilan; la venta de activos; el achicamiento determinadas partidas de gastos y la dependencia del funcionamiento de las Experimentales y Regionales de los fondos que administran las Cooperadoras.
Todos comprendemos que la información es poder y; teniendo en cuenta la diversidad de situaciones que se presentan en las distintas Regionales de INTA; es necesario saber el alcance del ajuste planteado. Desde nuestra entidad proponemos que el Consejo Regional Entre Ríos, pida precisiones al respecto al Consejo Directivo.
Si bien éste proceso va a continuar sucediendo a lo largo de la actual gestión, es muy importante que nos mantengamos comunicados para comprender la intensidad del ajuste y las acciones que podemos hacer desde Entre Ríos y cómo articular con las demás Regionales de INTA, además de sumar esfuerzos y reclamos de todas las entidades que estamos involucradas y preocupadas por el destino de ésta Institución.
A través del Decreto 3344/24 del Ministerio de Desarrollo Económico, el gobierno entrerriano declaró el Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario como consecuencia de los eventos climáticos acontecidos durante el mes de septiembre en los departamentos Federación y La Paz. La inscripción cierra el próximo 27 de diciembre.
El secretario de Agricultura y Ganadería, Raúl Boc-Hó, y el director de Producción Animal, Martín Sieber, recorrieron e inspeccionaron el establecimiento El Malagueño de la firma Chanty S.A en el departamento Villaguay.