En un contexto crítico marcado por máximos térmicos históricos y la concentración de CO₂, representantes de 197 países debatirán sobre los aportes financieros necesarios para las naciones en desarrollo. La importancia de preservar ecosistemas vulnerables Por Laura Rocha
Mientras Bakú, la capital de Azerbaiyán, se prepara para recibir a miles de personas que asistirán a la cumbre de cambio climático número 29 (COP29), los anticipos de las proyecciones científicas no son alentadores. Como si se tratara de un déjà vu, estos últimos 12 meses serán los más calientes de la historia.
El registro superó al año pasado y sobrepasó un límite que se supone peligroso: la suba promedio global de la temperatura pasó el umbral de 1,5 °C, establecido como límite en el Acuerdo de París para que los países bajen sus emisiones contaminantes. También creció y tocó un nuevo récord la acumulación de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera.
La concentración acelerada de esta molécula, especialmente trepidante luego de la revolución industrial, ahora provoca un potencial peligro para la especie humana y para los ecosistemas. “La concentración de CO₂ en la atmósfera alcanzará las 422,5 partes por millón en 2024, 2,8 partes por millón más que en 2023 y un 52% por encima de los niveles preindustriales”, indica el reporte realizado por Global Carbon Project
El CO₂ existe en la naturaleza, pero las actividades humanas, especialmente los combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón), la deforestación y la agricultura, exacerban esa generación. Este y otros gases se acumulan en la atmósfera formando una capa que es necesaria para la vida, pero es el engrosamiento de ese escudo protector el que genera un efecto invernadero en la Tierra. Como para darse una idea, la concentración “ideal” debería llegar a las 350 partes por millón.
En este contexto, en un mundo convulsionado por los enfrentamientos bélicos y las crisis económicas en varios países del Sur Global, se reunirán por dos semanas los representantes de 197 países para definir y acordar los pasos a seguir en términos de acción climática.
Los temas centrales de debate para este año son: el financiamiento, los compromisos de reducción de las emisiones contaminantes de los países y el comercio multilateral. Lo más espinoso es el tema de los aportes de dinero. En 2015, tras el Acuerdo de París, los países establecieron un fondo de 100.000 millones de dólares anuales para los planes de los países en desarrollo impactados por el cambio climático y que quisieran adaptarse a las nuevas condiciones y/o proyectos de mitigación de esos gases. Habían puesto como fecha límite 2025.
El 2025 llega dentro de poco y aparece el desafío de acordar una nueva meta, que crea una nueva sigla no tan fácil de recordar: el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés).
El compromiso original de $100.000 millones de dólares se cumplió, por primera vez (y con dos años de retraso), en 2022, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este 2024, los países en desarrollo aspiran a alcanzar un objetivo de $500.000 millones hasta $1 billón de dólares anuales.
No obstante, las necesidades de financiación superan esas cifras. Un estudio, realizado por Climate Policy Initiative, evidencia que los flujos anuales de financiación deben multiplicarse al menos por seis en comparación con los niveles actuales, alcanzando los $8,5 billones de dólares anuales de aquí a 2030, y más de $10 billones anuales de 2031 a 2050.
Sandra Guzmán, directora de GFLAC, una organización latinoamericana que especializa en las finanzas climáticas, explicó: “De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles, 2024, del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por financiamiento climático y para la biodiversidad. Mientras que destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que ayudarán a combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad”.
En este punto empieza otro debate: ¿Los países menos desarrollados deben dejar de apostar a lo que les genera recursos mientras los más poderosos siguen con su agenda? Para los países del Sur Global este debate también representa un desafío geopolítico.
El año pasado, en la cumbre climática realizada en Dubái (la COP28), se aprobó la creación de otro fondo, uno para afrontar las pérdidas y daños derivados de los impactos del cambio climático. Hasta el momento, el consejo de administración se reunió en mayo y el Banco Mundial confirmó su capacidad y voluntad de acogerlo por los próximos cuatro años. Aún falta responder las preguntas esenciales: cómo se harán los aportes, quiénes tendrán acceso a financiamiento, cómo se desembolsará el dinero y a partir de cuándo.
El próximo año, la COP30 tendrá sede en Belém de Pará, y los anfitriones no quieren que toda decisión quede acumulada para ese momento. Y previendo esto, Brasil puso el tema de la movilización de recursos financieros en el centro de las discusiones del G20, el cual preside durante 2024.
Además del monto, otros temas desafían a la negociación. Uno de ellos es la base de contribuyentes. Para la meta anterior, se definió que los países donantes fueran Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Reino Unido, Canadá, Suiza, Turquía, Noruega, Islandia, Nueva Zelanda y Australia.
En este nuevo proceso, los países ricos piden que se comparta la carga y solicitan que se incluya a los países en desarrollo que se han vuelto más prósperos y cuyas emisiones también son altas. Aunque no se mencionan públicamente, China acapara las miradas, así como Singapur y estados petroleros como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
“Es totalmente justo agregar nuevos contribuyentes, dado el continuo cambio de las realidades y capacidades económicas”, argumentó Estados Unidos en un escrito fechado en agosto dirigido a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
“El financiamiento es crítico para los países del Sur Global, donde las emergencias climáticas están afectando desproporcionadamente los territorios y sus comunidades. En el contexto de la COP29, es imperativo que se establezcan compromisos concretos y se asegure una transferencia de recursos suficiente para implementar soluciones que mitiguen estos impactos”, comentó Sandra Acevedo, coordinadora regional de la Alianza Potencia Energética Latinoamericana.
A este debate se ha sumado un nuevo condimento: Donald Trump, negacionista climático, ha sido elegido nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Como ocurrió en 2016, cuando se celebraba la COP22 en Marrakech (Marruecos), algunos analistas temen que pueda perjudicar las negociaciones e incluso el multilateralismo. Pero hoy, casi 10 años después, hay avances en torno a la transición energética que no se podrán detener, sea cual fuere la decisión que tome Trump respecto del papel de Estados Unidos frente al Acuerdo de París.
El comercio multilateral y el propio multilateralismo también estarán en el centro de la escena en esta nueva cumbre. La creciente preocupación por el comercio refuerza la necesidad de una cooperación multilateral constructiva y de compromisos ambiciosos en materia de financiación climática para apoyar a los países en desarrollo.
El probable cambio de postura de Estados Unidos sobre las políticas climáticas y comerciales ofrece un espacio para el liderazgo y la cooperación multilateral por parte de la Unión Europea y los BRICS (grupo integrado por Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica).
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