Ya son tres los gobiernos que cambiaron su Carta Magna en los últimos tres años. Ocurrió en provincias con gobernadores peronistas, radicales o de partidos locales. Y hay otras tres en las que hay proyectos para realizar modificaciones. En qué se parecen y en qué se diferencian los cambios. por Eduardo Menegazzi
El caso más reciente fue el de la provincia de La Rioja en la que luego de un año de trabajo de su Convención Constituyente se presentó la reforma a la Carta Magna provincial, una tendencia que en los últimos años se transformó en una práctica común en otros territorios del norte argentino.
El fenómeno se dio en lugares donde gobierna el peronismo pero también en Jujuy donde los últimos gobernadores fueron de Juntos por el Cambio y en Salta, con un gobierno de un partido local. Mientras tanto en otras provincias aparecieron proyectos similares que tienen que ver con modificaciones para acortar mandatos, en la elección de sus representantes o cambios sustantivos sobre todo en el Poder Judicial.
Una de las renovaciones más profundas hasta el momento se produjo en La Rioja donde los 36 convencionales constituyentes, de los 18 departamentos, juraron la nueva Constitución de la provincia este lunes 22. El gobernador Ricardo Quintela rescató que se incluyera en el nuevo texto la Renta Básica Universal. “Tiene por objeto sacar a un sector de nuestra sociedad vulnerable que está con dificultades, para garantizarle la alimentación, la educación y la salud de sus hijos, tener garantizado un ingreso mínimo que cubra las necesidades primarias básicas de cualquier ser humano”, expresó.
El de la Renta Básica Universal será un ingreso de subsistencia destinado a los sectores más vulnerables de la población de entre 18 y 60 años. La implementación y la fuente de financiamiento se establecerá por ley.
n total se modificaron 20 artículos y se incorporaron otros 30 nuevos. En lo referido a la periodicidad de los mandatos tanto el gobernador y la vicegobernadora, como los parlamentarios del poder legislativo, podrán ejercer el cargo durante 4 años y ser reelectos por un período consecutivo. El mismo criterio aplica también a intendentes y concejales
Además, incorporaron los derechos a la igualdad y no discriminación; el derecho al agua, la energía y conectividad; los derechos de cuarta generación; y la perspectiva ambiental en torno al acceso a los bienes naturales.
Se instituyó un límite de 10 años en el cargo para los jueces, pero quedó abierta la posibilidad de prórroga en el cargo, la paridad de género para la confección de las listas en la conducción de los partidos políticos, la creación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y la asistencia a víctimas de delitos a través del Estado.
Los casos de Jujuy y de Salta
Con un desarrollo muy rápido de la Convención Constituyente, ya que en menos de un mes terminó aprobándose, el mandatario jujeño del radicalismo Gerardo Morales consiguió la modificación parcial de la Constitución jujeña, el 15 de junio de 2023.
Tanto ese día como en los siguientes hubo protestas ante la Legislatura por algunos artículos controversiales, que aludían a los derechos de los pueblos originarios y de la propiedad privada. Se terminaron quitando esos artículos. Morales, que había conseguido el apoyo del Partido Justicialista provincial, incluyó la prohibición de los cortes de rutas y calles que desembocaron en incidentes por parte de grupos de izquierda y de otros asociados al kirchnerismo.
Los convencionales también aprobaron nuevos órganos y reglas para la administración de justicia provincial y cambios tanto en el Régimen Electoral como en el Municipal.
Se creó un Consejo de la Magistratura, similar al que funciona a nivel nacional, de 11 miembros cuyo mandato se extiende por cuatro años, se incorporó “la ficha limpia” que impide acceder a cargos públicos a los ciudadanos involucrados en casos de corrupción, se crearon herramientas que favorecen la participación ciudadana, como la iniciativa popular y la consulta popular y se prohibió la Ley de Lemas.
Salta reformó su Carta Magna en diciembre de 2021. Según el ministro Ricardo Villada a cargo de la cartera de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo la decisión política del gobernador Gustavo Sáenz -de origen peronista quien fue reelecto en 2023 como candidato del Frente Alianza Gustavo Gobernador- al impulsar la Reforma Constitucional, “permitió la ampliación de la participación social en la política”.
Se pusieron limitaciones a las reelecciones del Gobernador, del Vicegobernador y de los legisladores y un tope de diez años para el mandato de los jueces que conforman la Corte de Justicia provincial.
“Muchos concejales van a tener mandato por dos años y otros por cuatro, y estamos viviendo una renovación dentro de los esquemas municipales” precisó el funcionario cuando se promulgaron las modificaciones.
Catamarca prohibió reelecciones indefinidas
A principios de noviembre de 2023 el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, presentó un proyecto ante la Cámara de Diputados de su provincia con el objetivo de limitar las reelecciones indefinidas en los cargos ejecutivos y legislativos a nivel provincial mediante una reforma parcial de la Constitución provincial.
Aunque el temario era más amplio, con el fin de evitar quejas de la oposición, Jalil logró que se aprobase una ley que prohíbe en el artículo 133, que era bastante ambiguo, las reelecciones indefinidas y que incluye también a senadores, diputados e intendentes. Así todos los cargos elegidos por la gente tienen una sola renovación del mandato.
Ese ítem quedó afuera de la posible reforma pero casi nueve meses después las intenciones del gobernador no registraron otros avances significativos.
Otros proyectos en danza
En diciembre de 2023, unos meses después de lograr su reelección por otros 4 años, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, lanzó la propuesta de una reforma que incluye ponerle un tope a las reelecciones indefinidas en esa provincia, eliminar cargos vitalicios en la Fiscalía de Estado y en el Tribunal de Cuentas e incluir en el texto la cuestión Malvinas. Además, impulsa la democratización en el sistema de selección y la remoción de los jueces provinciales y una simplificación del sistema electoral.
Una situación similar se da en Tucumán. Un sector del peronismo también impulsa en el territorio en el que gobierna Osvaldo Jaldo algunas modificaciones en la Carta Magna provincial.
Jaldo, uno de los primeros mandatarios provinciales que se acercó a las ideas políticas de Javier Milei a nivel nacional, consideró como positivas las intenciones de que la elección de los legisladores provinciales se realice por departamentos. La iniciativa lleva la firma de diputados que llegaron en listas de José Manzur, el ex hombre fuerte tucumano como Gerónimo Vargas Aignasse, Javier Noguera, Christian Rodríguez, Gabriel Yedlin y Alberto Olea.
Uno de los temas que se pretende poner en debate es la eliminación de los acoples que quedaron incluidos en la Constitución en 2006, entre otras cuestiones. Los parlamentarios plantearon también que se pueda elegir a los 49 legisladores por circunscripciones electorales en lugar de las tres secciones electorales como se hace actualmente.
“A simple vista, esto significa que están buscando la representatividad de los departamentos. Esto ayuda a que el ciudadano pueda tener una mayor atención y el legislador pueda cumplir con los compromisos asumidos en campaña. De todos modos, se irán sumando otras propuestas y de común acuerdo las conversaremos y buscaremos un consenso plural y participativo”, afirmó Jaldo.
La “ley de acoples” se creó en 2006 y permite a un un partido político anexar sus candidaturas parlamentarias -ya sea para la Legislatura como para acceder a un cargo en los distintos concejos deliberantes- a una postulación para una función ejecutiva, tanto a nivel provincial como municipal. Esto significa que cuanto más postulantes se presentan para cargos legislativos más posibilidades de triunfo tendrá el que aspira a un cargo gubernamental.
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